Dieciséis estados republicanos líderados por Texas, presentaron una demanda contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios de la administración Biden, impugnando el programa de libertad condicional para inmigrantes.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien encabeza la demanda junto con Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming, dijo que no permitiría que la administración Biden destroce el país incentivando a personas no autorizadas que cruzaron la frontera sin ser inspeccionados.

“Bajo el liderazgo de Joe Biden y Kamala Harris, el gobierno federal está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes”, dijo Paxton. “No permitiré que esto suceda. La nueva solución de Biden para la libertad condicional otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no examinados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes”.

Según la demanda de 56 páginas presentada en un tribunal federal en Tyler, Texas, otorgar la libertad condicional a los inmigrantes indocumentados costará a los estados dentro de la demanda, millones de dólares, con la posibilidad de que no haya recuperación.

“La cantidad de personas en libertad condicional en los estados demandantes causará un daño financiero cuantificable a los estados, y la magnitud exacta de esos daños quedará clara en el proceso de descubrimiento, cuando el gobierno federal presente estadísticas sobre la cantidad de extranjeros que califican para el PIP en los estados demandantes”, narra la demanda. “Los estados demandantes no pueden recuperar sus costos adicionales del gobierno federal, que de otra manera no incurrirían si el gobierno federal aplicara la ley”.

A pesar de las denuncias de daños financieros causados por inmigrantes no autorizados, el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés) mostró que en el 2020, los inmigrantes indocumentados pagaron $96,7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales en Estados Unidos.

Además de esas contribuciones, el ITEP reporta que los inmigrantes sin estatus legal pagaron $25,7 mil millones de dólares a la Administración del Seguro Social en sus deducciones de nómina, $6,4 mil millones en impuestos de Medicare y $1,8 mil millones en impuestos de seguro de desempleo en el mismo año.

Por otra parte, el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), informó que en el 2022, más de 1,651,000 inmigrantes indocumentados vivían en el estado de Texas, de los cuales pagaron $1,9 mil millones en impuestos locales y estatales, sumando $2,7 mil millones a nivel federal.

Sin embargo, las contribuciones de las comunidades indocumentadas parecen no pesar en un crecimiento económico considerable para estados conservadores como Arkansas, que se sumó al desafío legal debido a la crisis de los niños no acompañados en la frontera sur.

“Joe Biden y Kamala Harris no apoyan un muro en nuestra frontera sur”, dijo el senador de Arkansas Tom Cotton en X. “Si lo hicieran, no habríamos visto un récord de cruces fronterizos en los últimos cuatro años”.

Mientras tanto, el fundador del Comité Salvadoreño de Arkansas, Nelson Escobar, no estuvo de acuerdo con que el estado se sume a la demanda, que considera demasiado radical contra los 58,100 indocumentados que el AIC estima que viven en el Estado Natural.

"Sabemos que es un estado Rojo, y conforme el tiempo ha venido pasando, siempre hemos esperado más democracia departe de nuestros representantes y el formar parte de una demanda de esta magnitud, es como que le estuvieran diciendo a las comunidades, radicadas en este estado, que no están de acuerdo en ningún beneficio que favorezca al movimiento inmigrante", dijo Escobar. "Porque acá no se trata de una seguridad fronteriza, acá se trata de reconocer un derecho".

Escobar también mencionó la importancia de reconocer la fuerza laboral y las contribuciones económicas que los inmigrantes no autorizados aportan al estado, independientemente de las opiniones o preferencias políticas de las personas.

"La naturalización ciudadana no afecta sus políticas partidistas, al contrario, sigue ayudando a seguir abriendo caminos para las familias que gracias a esos esfuerzos con su trabajo, este estado y el país entero siguen manteniendo una mano de obra", dijo Escobar. "El estado sigue creciendo en infraestructura, en Población, lo que significa mayores ingresos y crecimiento económico".

En un informe de 2022 de la AIC, los inmigrantes indocumentados que viven en Arkansas pagaron $64,2 millones de dólares en impuestos estatales y locales, así como $83,3 millones al gobierno federal. Además de estas contribuciones, los datos de la AIC muestran que el poder adquisitivo de los inmigrantes no autorizados que viven en el estado superó los $1,100 millones en el mismo año.